La propuesta plantea un sistema de reparto automático de menores extranjeros no acompañados entre las comunidades autónomas cuando éstas superen el 150% de su capacidad de acogida.
La saturación de los centros de acogida, que en algunos casos superan el triple de su capacidad y que impiden a los gobiernos regionales cumplir con los derechos de estos niños, ha llevado a la reclamación de una distribución «más equitativa» entre todas las regiones.
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