CVE considera urgente una Ley de Huelga en el que queden regulados aspectos fundamentales como los servicios mínimos y la libertad de los trabajadores a la hora de secundar los paros.
CVE entiende que se debe legislar sobre aquellos servicios que, como en el caso de la huelga, convierten en rehenes a los consumidores.
AUVASA debe llegar a una solución del conflicto en el que dando cumplimiento a la sentencia sobre los descansos no se incrementen los costes laborales de la empresa
Valladolid 29 de agosto de 2017: Todos los veranos, y este no ha sido diferente, vemos como trabajadores de sectores estratégicos amenazan con huelgas, un derecho legítimo pero que no siempre se ejerce con responsabilidad y respetando los derechos básicos del resto de los ciudadanos.
Estos paros que provienen en mayor medida de trabajadores del sector público, tienen sus consecuencias también en las empresas privadas, provocando en muchas ocasiones un incrementos en los costes de mano de obra que tienen a su vez su repercusión en la inflación. En otras ocasiones pueden llegar a dejar a las empresas del sector privado en una situación muy delicada, como ha sido el caso de la huelga de de los examinadores de tráfico que entre junio y julio se dejaron unas 80.000 pruebas sin hacer lo que está provocado unos retrasos importantes.
AUVASA
Después de meses de negociación los trabajadores de AUVASA y la empresa siguen sin llegar a un acuerdo para frenar el paro que éstos han convocado en plena celebración de la Feria y Fiestas de la Virgen de San Lorenzo entre los días 1 y 9 de septiembre.
CVE muestra su total apoyo al Ayuntamiento de Valladolid y reclama a los trabajadores responsabilidad en la negociación para llegar a un acuerdo en el que dando cumplimiento a la sentencia sobre las horas, no se provoque un incremento en los costes laborales y se eviten la adopción de medidas que puedan afectar a los derechos del resto de los ciudadanos y critica que los trabajadores estén utilizando el chantaje en la negociación.
De producirse los paros, éstos seguro afectarán al desarrollo de las fiestas de Valladolid, así como a la hostelería y el comercio de la ciudad, por lo que CVE estará vigilante para que los trabajadores respeten los servicios mínimos que ha fijado el consistorio de la ciudad y que son del 40% porcentaje muy por debajo del que se debería establecer dadas las fechas en las que están convocados los paros.
REGULACIÓN DEL DERECHO A HUELGA
Desde la Confederación Vallisoletana de Empresarios se considera urgente legislar sobre el Derecho a Huelga, para que así conflictos como el de AUVASA puedan estar regulados.
Desde que en 1977 se redactara el decreto que regula las huelgas en España, ningún gobierno se ha atrevido a legislar sobre el artículo 28.2 de la Constitución que dice: “el derecho a huelga de los trabajadores para la defensa de sus intereses. La ley que regule el ejercicio de este derecho establecerá las garantías precisas para asegurar el mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad”.
40 años después sigue sin regularse este derecho y sin resolver cómo se garantiza este derecho de los trabajadores preservando al mismo tiempo los derechos y libertades de los ciudadanos cuya protección es responsabilidad de los poderes públicos.
Tal y como recordaba José María Benegas, diputado socialista por Vizcaya en un artículo de opinión en el año 2013, en 1993 el Gobierno trabajó en un proyecto de Ley de Huelga que no llegó a ver la luz y que después ningún Gobierno ha tratado de recuperarlo.
En este proyecto de ley se establecían, entre otros, cuáles los servicios esenciales de la comunidad señalando a aquellos cuyo mantenimiento resultaba necesario para garantizar el contenido esencial de los siguientes derechos y libertades constitucionales: la vida, la integridad física, la protección de la salud, la libertad y la seguridad, la libre circulación, la libertad de información, la comunicación, la educación y la tutela judicial.
Asimismo este proyecto de ley señalaba 17 sectores y actividades en los que era necesario asegurar los servicios esenciales, que debían ser pactados en frío y en el plazo de 12 meses a partir de la entrada en vigor de la ley entre las Administraciones Públicas responsables del servicio y los sindicatos más representativos en el ámbito territorial afectado. Contemplando también, que en el caso de que existieran empresas prestadoras del servicio, podrían estar presentes en la negociación a los efectos de corrección técnica de las prestaciones que garantizaran el mantenimiento en los servicios esenciales de la comunidad. En el supuesto de que no se produjera acuerdo, y si después de la intervención de una comisión de mediación el desacuerdo persistía, el Gobierno, o la Administración implicada quedaba legitimada para establecer los servicios mínimos por decreto.
Figuraban también otros aspectos como la obligación de respetar la libertad de trabajo de quienes no participen en la huelga y el funcionamiento de servicios de mantenimiento en aquellos procesos productivos cuya interrupción acarree graves perjuicios económicos a la empresa. Se señalaba también que las huelgas rotatorias, las de celo o reglamento eran ilícitas. Además se permitía la intervención del Gobierno en casos excepcionales.
Quizás, y después de 40 años, ha llegado el momento de regular todos estos aspectos que garanticen las libertades de todos.
DATOS DE CONFLICTIVIDAD LABORAL
Según los datos recogidos en el último informe de conflictividad laboral elaborado por CEOE, en los siete primeros meses de 2017 se han producido 523 huelgas, con 197.939 trabajadores implicados en las mismas y 6.340.900 horas de trabajo perdidas. Se ha incrementado en un 2,95% el número de huelgas, un 67,58% las horas de trabajo perdidas y un 123,17% los trabajadores en huelga, siendo el sector de transportes y comunicaciones el que ha presentado un mayor índice de conflictividad.
El número de huelgas en el sector privado se ha reducido un 7,32% mientras que en el sector público el número de huelgas se ha incrementado en un 8 %.
Conflictividad por sectores de actividad:
En el sector de Transportes y Comunicaciones se han perdido 561.510 horas de trabajo, el 56,05% del total. En el sector del Metal, las horas de trabajo perdidas han sido 107.344 suponiendo un 10,70% del total de horas. Alimentación, Bebidas y tabaco han perdido 38.152 horas, un 3,81% y en el sector del Comercio, las horas de trabajo perdidas han sido 14.344, un 1,43%.
Estos datos ponen de manifiesto que es el sector del transporte y las comunicaciones el que está disparando los datos de conflictividad laboral.
En cuanto a las causas de la conflictividad, en las huelgas motivadas por EREs han aumentado las horas de trabajo perdidas un 100,76% y los trabajadores que han secundado estos paros en un 161,47%, y en aquellas derivadas de la negociación colectiva, las horas de trabajo perdidas se un incrementado un 8,08% y los trabajadores implicados en un 30,96%.
