**** El Real Decreto-ley aprobado por el Consejo de Ministros de ayer plantea retirar estos fondos que son aportados por empresas y trabajadores
**** La salida de la crisis debe tener como uno de sus pilares básicos la formación de trabajadores y desempleados, y estos fondos son una herramienta fundamental para ello
Valladolid 1 de abril de 2020: De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 30/2015, de 9 de septiembre, por la que se regula el Sistema de Formación Profesional Para el Empleo en el ámbito laboral, una de las fuentes de financiación del Sistema de Formación Profesional para el Empleo son los fondos provenientes de la cuota de formación profesional que aportan las empresas y los trabajadores. Así, en la ley de Presupuestos Generales del Estado de cada año se establece la afectación de la cuota de formación profesional a la financiación del Sistema de Formación Profesional Para el Empleo, de forma que tales ingresos no podrán aplicarse a finalidades distintas.
El decreto, en su parte expositiva establece que, dado el impacto económico ocasionado por las medidas aprobadas para hacer frente a la crisis sanitaria provocada por el COVID-19 se procede a cambiar dicha afectación. Por ello, se permite que los ingresos derivados de la cotización por formación profesional puedan aplicarse a la financiación de cualquiera de las prestaciones y acciones del sistema de protección por desempleo, incluyendo, de esta manera, finalidades más amplias que la mera formación profesional para el empleo.
Desde la Confederación Vallisoletana de Empresarios ponemos de manifiesto el grave riesgo que puede tener para el sector de la formación, así como para el reciclaje y la formación continua de trabajadores y de empresas.
En un mundo global como el actual, es determinante para empresas y trabajadores disponer de estos fondos, que además de ser aportados por ellos, les permiten actualizar los conocimientos de las plantillas, y adaptarse hacia una mejora continua que les permita no perder competitividad.
La implementación de las medidas de lucha contra el COVIDA-19 está requiriendo un inmenso esfuerzo presupuestario para el país y está fuera de toda duda que la cobertura de las prestaciones y subsidios de protección por desempleo debe ocupar una de las máximas prioridades del Gobierno en estos momentos dramáticos que estamos viviendo empresarios y trabajadores. Ahora bien, esta situación no debe afectar a medidas que con toda seguridad serán muy necesarios para reactivar la economía.
La caída esperada del PIB, la destrucción de tejido empresarial y las altas cifras de personas desempleadas son el escenario que nos espera, y sobre el cual debemos trabajar para atenuar sus efectos, los fondos para el empleo y para la formación son, si cabe, más necesarios que nunca. Es por ello por lo que no compartimos que se hipotequen puesto que son una herramienta fundamental para tratar la crisis que vamos a tener que afrontar.
Finalmente, consideramos que esta decisión conlleva el abandono de políticas activas y quitando a trabajadores y empresas su derecho a la formación en un escenario cada vez más incierto.
