El gobierno español ha adoptado un paquete de medidas para regularizar a más de un millón de inmigrantes indocumentados durante los próximos tres años, con el objetivo de hacer frente al declive demográfico y a la grave escasez de mano de obra que afecta sectores fundamentales como la agricultura, la construcción y la sanidad. La reforma vigente desde mayo de 2025 habilita la legalización de unas 300.000 personas al año, y otro proyecto de ley pendiente busca incluir a quienes llegaron antes de finales de 2024.
Los inmigrantes ya representan alrededor del 13,5 % de la población activa y han ocupado el 40 % de los nuevos empleos en 2024. Madrid considera esta inmigración regulada esencial para el crecimiento económico español, el sostenimiento del sistema de pensiones y la recuperación de trabajadores en actividades con demanda insatisfecha
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