Valladolid, 8 de abril de 2019: Durante la mañana de hoy, la Confederación Vallisoletana de Empresarios ha mantenido una reunión de trabajo con Isabel García Tejerina, candidata del Partido Popular al Congreso de los Diputados, en el que la presidenta, Ángela de Miguel, entre otros asuntos, le ha dado traslado de la preocupación por el crecimiento del absentismo laboral, la excesiva presión inspectora que se produce en Castilla y León, además de comentar las principales medidas fiscales y de empleo de los empresarios de Valladolid.
Medidas dirigidas a frenar el absentismo laboral:
El absentismo laboral derivado de la Incapacidad Temporal por Contingencias Comunes (ITCC) tuvo en 2017 un coste total de 140,15 millones de euros en la provincia de Valladolid, lo que supone un incremento del 8,60% respecto al ejercicio 2016. Desglosándolo, el gasto en términos de prestaciones económicas de la Seguridad Social fue de 79,64 millones de euros (un 9,10% más que en 2016), mientras que el coste directo que dichas bajas laborales representaron para las empresas fue de 60,51 millones de euros (un 7,95% más que el año anterior). A estas cifras habría que añadir el coste de oportunidad, es decir, el coste que este absentismo supuso en términos de producción de bienes y servicios que se dejaron de prestar o producir.
Este coste equivaldría a 9.939 jornadas anuales de trabajo perdidas o, lo que es lo mismo, a que algo más de cinco de cada 100 trabajadores no acudieran a su puesto de trabajo ningún día del año en 2017.
Además, durante el mismo periodo se produjeron 47.772 procesos de Incapacidad Temporal por Contingencias Comunes en Valladolid, un 7,25% más que en 2016. La duración media de estos procesos fue de 45,40 días, un 0,36% mayor que en el ejercicio anterior, y 1,74 días por encima de la media nacional, que se situó en 43,66 días.
Ante estos datos, creemos conveniente:
- Contar a modo de experiencia piloto con la posibilidad de que las Mutuas puedan dar el alta médica en procesos de ITCC para patologías traumatológicas ya que son expertas en la asistencia sanitaria de dichas patologías.
- También, y puesto que en los primeros años de la crisis, las Mutuas recibían un 6% de las cotizaciones por Contingencias Comunes para financiar la prestación de ITCC, y éstas fueron reducidas por la Administración al 5%; una vez que el absentismo por ITCC vuelve a incrementarse por la recuperación económica, consideramos que las mutuas deberían de recuperar nuevamente este 6%.
Presión Inspectora:
Existe una fuga de empresas que, entre otros motivos, se produce por la presión inspectora existente, mayor que en otras regiones limítrofes como Madrid, donde el número de inspectores por empresa es menor, lo que supone una desventaja competitiva.
Consideramos que ésta actividad se realiza con fines recaudatorios, y que el hecho de la existencia de nuevas normas e interpretaciones está generando confusión y malestar en las empresas que en muchos casos se ven sometidas a inspecciones que tan solo consiguen entorpecer la actividad normal de la empresa
Consideramos que la inspección debe centrar sus esfuerzos en:
- Llevar a cabo actividades que permitan detectar y combatir la economía sumergida, que según las estimaciones, se sitúa en el entorno de los 180.000 millones de euros el movimiento que genera este tipo de actividad al margen de la legislación, centrando sus esfuerzos en aquellos que realizan el 100% de su actividad al margen del sistema, puesto que suponen un foco muy importante de competencia desleal para el tejido productivo en Valladolid.
Un fiscalidad que nos ayude a crecer:
Una vez superados los niveles de recaudación de 2007, ejercicio previo a la crisis económica, es necesario reducir la presión fiscal empresarial. La contribución tributaria total (impuestos más cotizaciones sociales) que pagan las empresas españolas es superior a la media de la OCDE y de la UE. El porcentaje de beneficios que las empresas españolas dedican al pago de impuestos es del 47%, la media de la OCDE es del 40,3% y de la UE el 39,3%. De acuerdo con la publicación de EUROSTAT, EU Taxation Trends” con datos de 2016, en España, de cada 100 euros recuadados, 31,6 provienen del sector empresarial, mientras que en la UE, de media, son 23,5 euros de cada 100.
La presión fiscal empresarial no está por debajo de nuestro entorno, sino todo lo contrario. En un mundo con cada vez menos fronteras económicas, los estados no pueden establecer sus impuestos con una visión exclusivamente local, las empresas son globales lo que explica la corriente cada vez más pronunciada de los países de nuestro entorno a favor de rebajar los impuestos a las empresas y aumentar su atractivo fiscal.
No hay que perder de vista que las pequeñas y medianas empresas son la columna vertebral de la economía y del tejido de la sociedad española. Las pymes representan el 99,8% de todas las empresas en España, de ellas, la gran mayoría, el 95%, tienen incluso menos de 10 trabajadores. El empleo en las pymes creció casi un 50% más rápido que el del conjunto de la economía entre 2013 y 2016.
Para reducir la presión fiscal empresarial y conseguir una fiscalidad que favorezca la competitividad de nuestras empresas y el crecimiento económico proponemos:
- Reducción del Impuesto de Sociedades. En un escenario de desaceleración económica, debería implantarse además, un sistema de incentivos fiscales a la inversión para la creación de empleo, como la libertad de amortización para activos nuevos y diferimiento por reinversión de beneficios que sea claro, de fácil aplicación y accesible para todas las empresas.
La reducción en este impuesto ha de aplicarse a todas las empresas con independencia de su dimensión, no hay que olvidar que las grandes empresas son las que generan mucha actividad a las pequeñas empresas y autónomos en los entornos en los que se asientan.
Tenemos que ser capaces de generar un entorno atractivo hacia la actividad económica y empresarial.
- Reducir las cotizaciones empresariales a la Seguridad Social que son en España considerablemente superiores a la media de la UE, y que son un impuesto sobre el empleo y la competitividad empresarial, especialmente aquellas que soportan las empresas de menor dimensión.
- Reducir los tipos marginales del IRPF y elevar el umbral a partir del cual se aplican, en consonancia con los países de nuestro entorno. Mantener la dualidad del impuesto reduciendo la tributación de la renta del ahorro para incentivar el mismo y favorecer la inversión.
- Eliminar el impuesto sobre el Patrimonio, que no existe prácticamente en nuestro entorno y penaliza el ahorro y la inversión, y reducir el impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. Los activos y participaciones empresariales deben quedar exentos de cualquier tipo de tributación patrimonial.
- Cuando por cualquier razón, una actividad o sector sea gravado por un tipo de impuesto específico, se debe garantizar la ausencia de doble imposición mediante la deducción integra en la cuota del Impuesto sobre Sociedades de cualquier tributo o impuesto soportado anteriormente por las empesas.
- Coordinar de manera urgente las políticas tributarias estatales, autonómicas y locales, así como suprimir muchos de los Impuestos Autonómicos surgidos en los últimos años, que provocan desigualdades en el mercado interior y comprometen la competitividad y viabilidad de los sectores productivos que afectan.
- Combatir y erradicar las tasas de economía sumergida y los supuestos de fraude y evasión fiscal para que el sistema tributario sea más justo, distribuya la presión fiscal de manera más equitativa, contribuya al crecimiento económico y a la creción de empleo, y reduzca el déficit presupuestario sin incrementar la presión fiscal.
- Dar estabilidad al sistema tributario de manera que se eviten los continuos cambios en el mismo, especialmente los que tienen carácter retroactivo, así como los anuncios de cambio que provocan incertidumbre y retraen o retrasan la inversión tanto nacional como internacional.
- Reducir la excesiva litigiosidad tributaria. Según los datos de la Administración reflejados en la memoria del Tribunal Económico-Administrativo Central, la propia Administración revisa a favor del contribuyente, total o parcialmente, la mitad de sus resoluciones. A esto hay que añadir las que luego revisan los Tribunales de Justicia ya que la elevada litigiosidad se prolonga a la vía jurisdiccional. Estas cifras sólo admiten una interpretación, la aplicación de los tributos por parte de la Administración no se ajusta a Derecho en un número demasiado elevado de ocasiones.
- Es necesario una política de apoyo a las pymes en línea con una mejora del proceso de regulación administrativa acorde al principio de “Pensar primero en pequeña escala”, aplicando este principio a cualquier nivel de regulación que afecte al conjunto de las empresas.
- Introducir y aplicar los principios de mejora de la regulación a cualquiera de las nuevas iniciativas normativas, incluyendo en aquellas que afecten al ámbito empresarial un “Test Pyme”, y extender estos principios y procedimientos de forma coordinada a todos los niveles de la Administración.
- Aplicar en cualquier acto administrativo el principio de “Una única vez”, evitando que las administraciones soliciten información a las empresas que ya está disponible en las mismas.
Reformas para el desarrollo económico y la creación de empleo:
La situación actual, pese al proceso de recuperación, todavía es compleja debido a algunos factores que hacen a la economía española más vulnerable ante cualquier episodio de incertidumbre e inestabilidad. Entre estos factores, se encuentra la alta tasa de paro, del 14,3%, que duplica la media de la UE 28 situada en el 6,6%, el elevado nivel de endeudamiento público y los altos niveles de desigualdad y exclusión social. Por su parte, el mercado laboral ha deja atrás el fuerte ajuste registrado en los años de crisis y aunque viene generando empleo a tasas significativas, presenta una desaceleración gradual en el ritmo de recuperación del empleo, y todavía no hemos alcanzado los niveles de ocupación de 2007, con más de tres millones de desempleados.
Conscientes de esta situación, debemos intensificar los esfuerzos para avanzar de mandera decidida en la recuperación económica y del empleo. Para ello, se deben acometer reformas que estimulen la actividad económica, que doten de un marco jurídico laboral seguro y flexible, no limitativo, ni excesivamente burocrático y que favorezca la capacidad de adaptación de las empresas a los ciclos económicos.
Con este objetivo, las reformas deben gestarse a través del diálogo y la concertación social, con el fin de facilitar la consecución de los resultados preseguidos, y deberían centrarse especialmente en las siguientes cuestiones:
- Configurar un sistema de contratación adaptado a las necesidades de empresarios y trabajadores, con fórmulas claras, sencillas y fáciles de gestionar; atenuando la dualidad existente entre la contratación temporal e indefinida; racionalizando el número de contratos y el régimen de bonificaciones; potenciando la contratación indefinida sin penalizar la contratación temporal; mejorando la contratación a tiempo parcial; todo ello en base a los objetivos de promocionar un empleo de calidad y favorecer el crecimiento económico. Además, sobre esa misma base, se debería incentivar e intensificar la contratación de jóvenes, con fórmulas flexibles, así como la contratación de aquellos colectivos con especiales dificultades para su inserción en el mercado laboral.
- Disminuir las cargas administrativas y los costes laborales que obstaculizan el crecimiento sostenido del empleo y perjudican la competitividad y productividad empresarial.
- Incrementar los mecanismos de flexibilidad interna a disposición de las empresas para facilitar su adaptación a las necesidades del mercado, adaptando la legislación laboral a todos los niveles para contribuir a un equilibrio renovado entre flexibilidad y seguridad para los empresarios y los trabajadores.
- Reforzar la eficacia de las políticas de empleo para que den respuesta a las necesidades de empresas y trabajadores, mejorando además su conexión con las políticas educativas y formativas.
- Mejorar los mecanismos de intermediación en el empleo, con impulso de la colaboración público-privada, lo que permitiría una atención eficiente e individualizada de los desempleados que posibilite su inserción en el mercado laboral.
- Incrementar la lucha contra el fraude y la economía sumergida que limitan los derechos de los trabajadores y la competitividad empresarial.
- Participación plena de los interlocutores sociales a todos los niveles en las reformas de protección social y laboral, respetando su autonomía y el principio de subsidiariedad.
- Asegurar transiciones eficientes entre diferentes estados de empleo, incluido el trabajo por cuenta ajena.
- Preservar un adecuado marco de la negociación colectiva y favorecer que tales convenios potencien la flexibilidad que las pymes necesitan. Hay que disipar el miedo a contratar.
- Facilitar la renovación y actualización de los convenios, respetando la autonomía de la voluntad de las unidades de negociación y evitando la petrificación de sus contenidos.
- Potenciar la flexibilidad interna para ajustar jornadas y movilidad funcional cuando la caída de actividad así lo aconseje. Después de las reformas de 2010 y de 2012, los costes teóricos del despido se situaban no muy por encima de la media de los países de la UE, pero no así los costes efectivos, que son muy superiores a los teóricos, siendo muy superiores a los de la mayoría de los países de la OCDE, por este motivo, es necesario avanzar en introducir fórmulas de flexibilidad interna en las empresas.
- Impulsar el uso de los sistemas autónomos de solución de conflictos laborales, como prolongación de la actividad negociadora a través de la gestión negociada de los conflictos.
