Valladolid, 11 de abril de 2019: Durante la mañana de hoy, la Confederación Vallisoletana de Empresarios ha mantenido una reunión de trabajo con Francisco Igea, candidato de Ciudadanos a la presidencia de la Junta de Castilla y León, en el que la presidenta, Ángela de Miguel, entre otros asuntos, le ha dado traslado de la preocupación por el futuro de importantes infraestructuras para Valladolid como la integración ferroviaria de la que se ha solicitado una implicación de la Junta de Castilla y León.
En el transcurso del encuentro, también se ha comentado la necesidad de implementar medidas dirigidas a frenar el absentismo laboral y a frenar la excesiva presión inspectora que sufren las empresas en comparación con territorios limítrofes.
En este sentido, Ángela de Miguel ha destacado que según datos del “Informe Anual de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social” del año 2017, en Castilla y León, donde había 186.885 empresas, la Inspección realizó 94.339 actuaciones, mientras que en la Comunidad de Madrid, donde el número de empresas era de 574.427, el número de actuaciones realizadas por la Inspección fue de 82.926. Es decir, en Castilla y León la presión inspectora es del 50,5% mientras que en la Comunidad de Madrid fue del 14,4 %.
El Soterramiento en Valladolid:
La Confederación Vallisoletana de Empresarios se inclina por una opción no conformista, sostenible y de futuro, como es la de la “depresión” de las vías, manteniendo la Estación. Con posterioridad, y mediante fases, se podrá ir cubriendo poco a poco el recorrido del ferrocarril a su paso por la ciudad.
Ésta es una solución intermedia entre la ideal, que sería la ejecución del Plan Rogers, pero que partiendo de la información de la que se dispone, CVE considera de dudosa viabilidad, y el modelo de integración propuesto por el Ayuntamiento, que a tan pocos vallisoletanos gusta.
La opción de la depresión de las vías a su paso por Valladolid, es mucho más barata que el Soterramiento y, desde un punto de vista técnico, perfectamente ejecutable.
No se trata de que se haga en 2020; sino que se diseñe para ejecutarse en la segunda mitad de la siguiente década. Mientras tanto, las obras de “conexión” que se necesite hacer, deberán estar encaminadas al resultado final.
La Confederación considera que no puede llenarse el recorrido de las vías con pasos subterráneos que posteriormente entorpezcan cualquier solución de deprimir las vías. Las conexiones que hagan falta, deberán ser, en la medida de lo posible, por encima de las vías, lo que no impedirá dentro de unos años actuar sobre ellas sin alterar el paso de personas y vehículos.
En otras ciudades en la que se están realizando operaciones similares como es el caso de Murcia, Logroño o Santander, siempre se ha destacado los beneficios que la operación supone para las desigualdades que se vienen en sus respectivas ciudades, con el argumento de no convertir a los barrios en guetos por la división artificial que provocaban las vías, o los beneficios que va a suponer para los vecinos que viven en la zona que se soterrará y donde se dará un salto importante en infraestructuras e inversión.
En el caso de Valladolid esto no es diferente. CVE considera esta opción como un proyecto de ciudad que va a acabar con los vecinos de primera y de segunda categoría, va a dar respuesta a una demanda colectiva de toda la sociedad civil vallisoletana, va a mejorar de forma sustancial la movilidad y la permeabilidad en Valladolid, va a generar importantes inversiones y puestos de trabajo durante la ejecución de las obras y que, por lo tanto, es merecedor de una importante inversión por parte del Ayuntamiento de Valladolid y de la Junta de Castilla y León.
Medidas dirigidas a frenar el absentismo laboral:
El absentismo laboral derivado de la Incapacidad Temporal por Contingencias Comunes (ITCC) tuvo en 2017 un coste total de 140,15 millones de euros en la provincia de Valladolid, lo que supone un incremento del 8,60% respecto al ejercicio 2016. Desglosándolo, el gasto en términos de prestaciones económicas de la Seguridad Social fue de 79,64 millones de euros (un 9,10% más que en 2016), mientras que el coste directo que dichas bajas laborales representaron para las empresas fue de 60,51 millones de euros (un 7,95% más que el año anterior). A estas cifras habría que añadir el coste de oportunidad, es decir, el coste que este absentismo supuso en términos de producción de bienes y servicios que se dejaron de prestar o producir.
Este coste equivaldría a 9.939 jornadas anuales de trabajo perdidas o, lo que es lo mismo, a que algo más de cinco de cada 100 trabajadores no acudieran a su puesto de trabajo ningún día del año en 2017.
Además, durante el mismo periodo se produjeron 47.772 procesos de Incapacidad Temporal por Contingencias Comunes en Valladolid, un 7,25% más que en 2016. La duración media de estos procesos fue de 45,40 días, un 0,36% mayor que en el ejercicio anterior, y 1,74 días por encima de la media nacional, que se situó en 43,66 días.
Ante estos datos, la Confederación Vallisoletana de Empresarios cree conveniente:
- Contar a modo de experiencia piloto con la posibilidad de que las Mutuas puedan dar el alta médica en procesos de ITCC para patologías traumatológicas ya que son expertas en la asistencia sanitaria de dichas patologías.
- También, y puesto que en los primeros años de la crisis, las Mutuas recibían un 6% de las cotizaciones por Contingencias Comunes para financiar la prestación de ITCC, y éstas fueron reducidas por la Administración al 5%; una vez que el absentismo por ITCC vuelve a incrementarse por la recuperación económica, consideramos que las mutuas deberían de recuperar nuevamente este 6%.
Presión Inspectora:
Existe una fuga de empresas que, entre otros motivos, se produce por la presión inspectora existente, mayor que en otras regiones limítrofes como Madrid, donde el número de inspectores por empresa es menor, lo que supone una desventaja competitiva.
CVE considera que ésta actividad se realiza con fines recaudatorios, y que el hecho de la existencia de nuevas normas e interpretaciones está generando confusión y malestar en las empresas que en muchos casos se ven sometidas a inspecciones que tan solo consiguen entorpecer la actividad normal de la empresa.
Por lo tanto, la Confederación Vallisoletana de Empresarios considera que la inspección debe centrar sus esfuerzos en:
- Llevar a cabo actividades que permitan detectar y combatir la economía sumergida, que según las estimaciones, se sitúa en el entorno de los 180.000 millones de euros el movimiento que genera este tipo de actividad al margen de la legislación, centrando sus esfuerzos en aquellos que realizan el 100% de su actividad al margen del sistema, puesto que suponen un foco muy importante de competencia desleal para el tejido productivo en Valladolid.
Según datos del “Informe Anual de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social” del año 2017, en Castilla y León, donde había 186.885 empresas, la Inspección realizó 94.339 actuaciones, mientras que en la Comunidad de Madrid, donde el número de empresas era de 574.427, el número de actuaciones realizadas por la Inspección fue de 82.926. Es decir, en Castilla y León la presión inspectora es del 50,5% mientras que en la Comunidad de Madrid fue del 14,4 %.
