La Presidenta, Ángela de Miguel, ha remitido al Subdelegado del Gobierno en Valladolid, y a la Delegada Especial de Hacienda en Castilla y León, solicitando una Moratoria de Impuestos.
El texto íntegro de ambas cartas dice lo siguiente:
A través de estas líneas, queremos trasladarle la urgente necesidad de aplicar una moratoria fiscal de ámbito estatal, como fórmula para garantizar la liquidez y evitar el impago de las empresas de Valladolid.
Las empresas, al igual que el resto de la sociedad, están viviendo una situación dramática, producen sin poder dar salida a sus productos, no ingresan, están sufriendo la ruptura de la cadena de pago y tienen grandes dificultades para mantener el empleo y hacer frente a sus obligaciones tributarias.
Además, en unas circunstancias como las actuales, entraña para las empresas una enorme dificultad el cumplimiento de obligaciones tributarias formales tales como la llevanza puntual de la contabilidad, el suministro inmediato de información al que están obligadas algunas empresas o la confección de autoliquidaciones o su presentación.
Tampoco tiene mucho sentido tener que pagar IRPF e Impuesto de Sociedades del ejercicio de 2019, cuando en el ejercicio de 2020 habrá, en la mayor parte de los casos, bases imponibles negativas a compensar en el ejercicio 2021 y siguientes, por lo que en una situación excepcional como la actual, consideramos que se debería actuar a la inversa.
Por ese motivo, y siguiendo el ejemplo que están desarrollando otras administraciones públicas como las Haciendas Forales, Andalucía o Aragón, desde la Confederación Vallisoletana de Empresarios solicitamos un aplazamiento de tres meses para la presentación de las declaraciones y autoliquidaciones tributarias, así como poner en funcionamiento algún mecanismo para que el pago de estas cantidades aplazadas pueda realizarse de forma fraccionada durante los seis meses siguientes al aplazamiento.
