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Se necesitan medidas que eviten el cierre de empresas tras la escalada del desempleo

*** Es imprescindible implementar medidas que den seguridad jurídica y flexibilizar el uso de los ERTES eliminando el límite de su utilización, circunscrito al período de alarma, para contribuir a la recuperación

Valladolid, 2 de abril de 2020: Arrastramos, como se sabe, desde el mes de julio pasado, datos que evidenciaban un enfriamiento global de la economía, con un claro reflejo en el empleo.


Los datos de paro, contratación y afiliación a la Seguridad Social que hemos conocido hoy, están absolutamente condicionados por las decisiones del Gobierno de paralizar la actividad como principal medida de contención sanitaria derivada del COVID-19, que ha aparejado un parón casi absoluto de la actividad económica, limitada exclusivamente a los sectores esenciales.

En Valladolid el incremento del desempleo ha sido del 7,67% que corresponde a 2.311 personas, con respecto al mes anterior, un incremento del 2,63 por ciento y 833 desempleados más respecto a marzo de 2019, ascendiendo la cifra global de desempleados a 32.455 personas.

Pese a esta situación, grave desde la vertiente sanitaria y social, y dramática desde el punto de vista del mantenimiento de las empresas y el empleo, las empresas están acudiendo, de forma mayoritaria, a medidas de regulación temporales (ERTES) buscando el menor impacto en el empleo, por lo que reclamamos flexibilizar el uso de los ERTES y eliminar el límite de su utilización, circunscrito al período de alarma, para contribuir a la recuperación, evitando con ello consecuencias graves y duraderas sobre el empleo.


Es imprescindible implementar medidas que den seguridad jurídica y fiabilidad a las empresas y a los inversores, instrumentalizadas a través del diálogo social, para adaptar la actividad económica a la evolución diaria de la pandemia con el fin de garantizar una salida más rápida de la parálisis económica, la pervivencia de las empresas y del empleo.

En este sentido, insistimos una vez más en que los continuos cambios en la regulación y en los procedimientos, unido a la falta de respuesta, está perjudicando gravemente a las empresas que tienen que estar atentas a estos cambios, viviendo una incertidumbre sin precedentes, carente de toda seguridad jurídica, y pendientes de unos plazos mínimos que van a afectar también a los trabajadores.

Hasta el momento se estaba hablando de incertidumbre, inseguridad y trabas administrativas para las empresas, desde CVE se pone de manifiesto que ante esta situación no sólo están perjudicadas gravemente las empresas sino que también lo están los trabajadores, debido a que la incertidumbre ocasionada en las propias administraciones como consecuencia de la pésima regulación de la situación por parte del Gobierno.

Toda esta situación lleva al extremo de que gran parte de los trabajadores, la mayoría de los afectados por ERTES, no vayan a poder percibir la prestación de desempleo a tiempo, hecho que va a causar un grave perjuicio para las familias, poniendo en grave peligro su liquidez.